Que una empresa convoque una licitación en la que se pretende contratar la vigilancia arqueológica de sus obras en 25 municipios durante cuatro años es una buena noticia que revela que el conocimiento y estudio de nuestro patrimonio arqueológico está por fin empezando a ser entendido como una parte ineludible de las obras civiles. Que lo haga el Canal de Isabel II es una noticia aún mejor, en tanto que es uno de los promotores que más obras desarrollan contando con la presencia de profesionales de la arqueología preventiva. Pero todas las noticias tienen matices, y ésta tiene uno muy serio que desvirtúa por completo la aparente buena iniciativa del Canal de Isabel II: las condiciones laborales que se fijan para quienes tengan que realizar los trabajos de supervisión arqueológica, que estableces sueldos base de licitación ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), supone admitir que, siendo inevitable la presencia de profesionales de la arqueología en las obras civiles, lo mejor para el promotor es que hagan su trabajo en las peores condiciones posibles.
La arqueología preventiva, la arqueología profesional, es en España un frágil edificio en construcción, una profesión no reconocida, que recupera nuestro patrimonio, y que es ejercida por profesionales que se han ganado su derecho a estar en las obras gracias al título superior que han obtenido en una Universidad. Considerar que quienes ejercen esta profesión merecen cobrar poco más que el SMI mientras se ocupan de recuperar el patrimonio de toda la ciudadanía es contribuir a precarizar una profesión muy inestable, es desdeñar nuestro patrimonio arqueológico y no, lo que pretende el Canal de Isabel II -empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, Administración responsable también en materia de arqueología- no es normalizar la presencia de la arqueología en sus obras, sino que, aplicando criterios neocapitalistas solo trata de, sencillamente, de ahorrarse dinero.
Por eso, desde este Colegio Profesional, consideramos que la licitación debería de retirarse y volverse a convocar previa consulta a los agentes implicados, porque resulta inadmisible que, ante la falta de regulación y el imperio del libre mercado, sea una empresa pública de la Comunidad de Madrid la que precarice a toda una profesión.